El Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid afirmó el pasado martes día 8 de noviembre, refiriéndose al régimen de actividades y servicios de los centros concertados y las percepciones a las familias, “que ahora la Consejería de Educación investiga de oficio a todos los colegios concertados y cuando acaben las investigaciones se sancionará "debidamente" a todos los colegios que incumplan lo establecido”.

Uno respira tranquilo cuando comprueba que la Administración hace cumplir la norma, sin la cual viviríamos en la jungla. Pero la respiración se convierte en hiperventilación cuando esa misma Administración omite el cumplimiento de “toda” la norma. Vamos, que elige la parte de la norma que quiere o le interesa hacer cumplir. Me gustaría saber qué parte de los siguientes preceptos de la LOE no ha entendido la Administración:

Art. 117.1 LOE: La cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros privados concertados debe hacer efectiva la gratuidad de las enseñanzas objeto de concierto.

Art. 88.2 LOE: Las Administraciones educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para hacer posible la gratuidad de las enseñanzas de carácter gratuito.

D.A.29ª.2: Se constituirá una comisión (…) para el estudio de la cuantía de los módulos de concierto que valore el coste total de la impartición de las enseñanzas en condiciones de gratuidad.

Escuelas Católicas de Madrid también abrió una “investigación”, si se me permite la expresión, sobre el montante económico de la partida de Otros Gastos, de la que ya dimos cuenta. De aquella encuesta a los centros, se desprendía que la partida de Otros Gastos cubre tan solo el 50,59% de los gastos imputables a dicha partida, y que el déficit por unidad asciende, de media, a 7.804 euros. Y si la Administración no cumple con su obligación ¿quién la sanciona?. Tu-tu-tu… tu-tu-tu… ¡Vaya!... parece que comunica.

El problema de los conciertos es la deficitaria cuantificación del módulo económico, y ello está en el origen de lo que se quiere perseguir, como de forma más extensa se exponía en este artículo (Revista ECM Nº66, pág.21). La Administración podrá tener la “potestas” para sancionar en este asunto, pero carece de “auctoritas” sin la cual la democracia termina haciendo aguas. Desde luego la “auctoritas” no se recupera proponiendo un incremento de un 2% de los Otros Gastos (para que con suerte se quede en el 1%) después de 8 años de congelación de dicha partida.

Esperemos que el acuerdo por la transformación educativa sirva de excusa para tomarse en serio este grave problema.

Jose Antonio Poveda
Secretario Regional ECM